Humala tiene 30 días para desocupar su casa

El presidente del Poder Judicial critica “las marchas y contramarchas” en la incautación del inmueble del expresidente peruano, porque afecta a la imparcialidad de la judicatura

El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia improvisaron este el lunes una mudanza que terminó a las 3.30 de la madrugada del martes, cumpliendo una orden judicial de incautación de propiedades como parte de la investigación por lavado de activos a cargo de la Fiscalía peruana. La mañana del martes, el juez Richard Concepción Carhuancho, quien había dictado la medida, suspendió por 30 días la “desposesión” para que pudieran desocupar la casa familiar por completo “en un plazo razonable”.

El magistrado Concepción fue quien, en julio del año pasado a petición del fiscal de lavado de activos Germán Juárez, ordenó la prisión preventiva por 18 meses para la pareja, restricción que concluyó a fines de abril por un fallo del Tribunal Constitucional. El juez revisó la incautación en respuesta a los abogados de los líderes del Partido Nacionalista Peruano, que le pidieron el lunes suspender la medida para “proteger el interés superior” de los tres hijos de los Humala Heredia.

La orden de incautación que el fiscal Juárez ejecutó el lunes, en cinco propiedades —del exmandatario, la exprimera dama, la suegra de Humala y una vieja amiga de Heredia— fue cuestionada por abogados penalistas y columnistas. Los críticos ven una animadversión de los operadores de justicia contra Humala y Heredia, en contraste con la inacción frente a otros políticos también investigados por sus vínculos ilegales con la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía también se incautó de 14 cuentas bancarias y cinco vehículos, por su supuesto origen en dinero ilícito.

Miembros de la junta directiva de la trasnacional han declarado a las autoridades brasileñas y peruanas que aportaron tres millones de dólares en la campaña de 2011 de los Humala. Los ejecutivos aseguraron también que entregaron sobornos por 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo y fondos para las campañas electorales de 2006 y 2011 de Alan García y Keiko Fujimori, respectivamente. Además, financiaron la campaña para evitar la destitución de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y pagaron consultorías a Pedro Pablo Kuczynski mientras fue ministro del Gobierno de Toledo. Todos ellos están bajo investigación del Ministerio Público.

“El 95% de penalistas opinamos que la prisión preventiva para los Humala-Heredia era excesiva”, comentó en la televisión estatal el abogado penalista Mario Amoretti. “Existe un desbalance patrimonial, pero si no se demuestra que el dinero proviene de un hecho delictivo, no se puede dictaminar (una incautación)”, añadió. La Fiscalía de la Nación informó el lunes de que el pedido de incautación de las propiedades se basa, entre otros elementos, en que el Partido Nacionalista no declaró casi un millón de dólares en su rendición de cuentas de campaña de 2011.

Tras conocer sobre la prórroga de la incautación de la casa, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, opinó sobre las acciones emprendidas contra Humala. “Las marchas y contramarchas en el curso de horas no le hacen bien al Poder Judicial. No encuentro coherencia que se ordene un desalojo, se practique y luego se dé marcha atrás”, dijo en la emisora Radioprogramas.

Rodríguez también aludió al descrédito de las decisiones judiciales contra el expresidente y su esposa, quienes aún no tienen acusación fiscal, y dijo que “toda decisión puede ser impugnada”. “Sería terrible que el juez estuviera parcializado con el fiscal, podría darse la imagen de que hay un acuerdo de jueces y fiscales”, añadió. En ese contexto, el diario La República advirtió de que con estas acciones Juárez y Concepción “dinamitan la lucha anticorrupción”.

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