Nicaragua llora a sus muertos entre denuncias de violaciones a los derechos humanos

La represión ha dejado al menos 60 muertos

Desde el pasado lunes Managua se ha convertido en un enorme altar para homenajear a las víctimas de la violencia de la semana pasada, cuando miles de personas salieron a las calles contra una reforma al Seguro Social. El Gobierno del presidente Daniel Ortega reprimió con dureza las protestas. Centenares de personas se reúnen cada día en puntos céntricos de la capital para improvisar altares y llorar a los muertos, una cifra que va en aumento. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha informado a EL PAÍS que ha podido confirmar una a una 38 víctimas mortales, mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) dijo el jueves que contabilizan 63 muertos. La cifra puede aumentar debido a las denuncias de personas desaparecidas. Es, en todo caso, el episodio más sangriento de la historia reciente de Nicaragua.

La Fiscalía anunció al final de la tarde del pasado jueves que abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido la semana pasada, cuando iniciaron las manifestaciones contra una reforma al Seguro Social en Nicaragua impuesta sin consenso por el presidente Daniel Ortega. Dado el control del mandatario en todas las instituciones del Estado, el anuncio de la Fiscalía carece de garantías de imparcialidad. Aunque Ortega dio marcha atrás con las reformas, las manifestaciones continúan en Managua y otras ciudades del país con centenares de nicaragüenses que exigen castigo a los culpables de lo que definen como una “masacre”, el fin del régimen de Ortega, una “salida ordenada” del Ejecutivo y la instauración de un gobierno provisional que garantice una transición pacífica.

Ortega convocó a un diálogo nacional para solucionar la crisis y pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que actúe como mediadora. Los obispos han mantenido jornadas intensas para convocar a personalidades del país a que participen, aunque han advertido de que no puede haber diálogo sin un compromiso del Gobierno para esclarecer la violencia de la semana pasada. “El diálogo nacional es un riesgo”, dijo Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas contra la actuación de la Policía Nacional durante las manifestaciones. “Los Obispos no nos dejaremos instrumentalizar y solo buscaremos lo mejor para Nicaragua. Que los criminales que han asesinado y torturado a nuestros jóvenes no piensen que el diálogo nacional será un manto de impunidad. Ante todo verdad y justicia”, advirtió el obispo.

La CEN anunció para este sábado una “peregrinación” nacional. Ha convocado a todas sus parroquias a marchar en la capital, para lo que ha solicitado al Gobierno que se les permita contratar a autobuses del transporte público. Se espera que esta manifestación sea tan masiva como la del lunes, cuando decenas de miles de nicaragüenses marcharon en Managua exigiendo el fin del régimen de Ortega.

Los organismos de derechos humanos están desbordados para precisar la cantidad de asesinados durante las trifulcas. El CENIDH ha movido a sus activistas a comprobar informaciones que afirman que en los hospitales públicos yacen cadáveres heridos de bala, que no han sido declarados por las autoridades. Esta semana el Gobierno anunció la liberación de decenas de presos capturados en las manifestaciones. Fueron liberados en la carretera, con las cabezas rapadas, andrajosos y semidesnudos. Varios de ellos denunciaron vejaciones y maltratos. Human Rights Watch emitió este viernes un duro pronunciamiento contra el Gobierno de Ortega acusándolo de cometer “graves abusos” contra los manifestantes y exigió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que presiona al Ejecutivo sandinista para que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite Nicaragua para “investigar la situación” del país. El organismo recuerda que la semana pasada fueron atendidos por la Cruz Roja al menos 435 heridos, de los que 242 fueron hospitalizados. “Las personas que cometan actos violentos deben rendir cuentas ante tribunales independientes, pero también deben ser investigados los policías que hayan empleado fuerza excesiva contra los manifestantes”, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

Las cámaras empresariales del país mantienen su distanciamiento del Gobierno de Ortega. El pasado jueves exigieron que se castigue a los responsables por las muertes de la semana pasada y “que los crímenes no queden en la impunidad”, a la vez que apoyan las manifestaciones que se registran todos los días en Managua y otras ciudades importantes de Nicaragua.

Las más conmovedoras de esas protestas son las vigilias que los manifestantes organizan al caer la tarde en la capital para honrar a los muertos. La noche del jueves fue en honor al periodista Ángel Gahona, asesinado en la caribeña Bluefields mientras cubría las protestas en esa ciudad. El miércoles se llevó a cabo una enorme vigilia en la céntrica rotonda Jean Paul Genie, donde decenas de personas improvisaron altares con fotos de los muertos en el lugar donde estuvieron los “Árboles de al Vida”, enormes estructuras de metal instaladas en Managua por la vicepresidenta Rosario Murillo y símbolo del poder en Nicaragua, que han sido derribadas por los manifestantes. A esta manifestación llegó Silvia Sirias, quien dijo que lleva una semana participando en las protestas organizadas en Managua. “Decidí que por mis hijos voy a llegar a las últimas consecuencias”, dijo Sirias. “Si el presidente Ortega tuviera un poquito de vergüenza ya se hubiera ido”, concluyó.

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