Gobierno español confía en que Alemania abra la puerta a la entrega de Carles Puigdemont

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España está viviendo en sus propias carnes cómo la teórica cooperación judicial y esa confianza recíproca entre países de la Unión Europea se está convirtiendo en una carrera de obstáculos en la que conseguir algo tan básico como el respeto a resoluciones judiciales ajenas es una empresa difícil.

El Estado de Derecho ganó ayer la primera de las batallas de una guerra que se avecina larga y que puede poner en jaque los propios cimientos de la Unión y la credibilidad en la euroorden, una herramienta que, si bien ha funcionado en los últimos quince años, dejaría en evidencia en las próximas semanas graves deficiencias en la cooperación judicial.

Aunque la Fiscalía alemana informó ayer a favor de la entrega a España de Carles Puigdemont por los dos delitos por los que ha sido reclamado por el juez Pablo Llarena -rebelión y malversación-, todo apunta a que queda un largo camino para que los siete procesados por el Tribunal Supremo, y que permanecen fuera de España, se sienten en el banquillo. No es casualidad que los cabecillas del órdago secesionista -muchos de ellos llevan cinco meses campando a sus anchas por Europa y anunciando a bombo y platillo sus desplazamientos- se hayan refugiado en países cuyos códigos penales recogen con recelo tipos delictivos similares a la rebelión exigiendo un componente de violencia cuyo análisis queda en la práctica al arbitrio de un juez o tribunal.