Un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal emitió la Contraloría General del Estado, en contra de funcionarios de una de las empresas públicas del Municipio de Quito.

Se trata de un contrato suscrito por régimen especial por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) por $ 30’126 653, con una empresa denominada “Consorcio Repavimentación Quito”, de la que es parte el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La noche del domingo, la Contraloría divulgó los resultados de una auditoría hecha a un contrato para la pavimentación de las avenidas de la capital, en noviembre pasado. El informe aprobado por el contralor, Pablo Celi se remitió a la Fiscalía General para su investigación.

La auditoría señala que después de que se suscribió el contrato con el Consorcio “Repavimentación Quito”, esta cedió a las compañías Geinco Cía. Ltda. y Herdoíza Crespo Construcciones “una parte” de la ejecución de los trabajos, porque no contaba con la capacidad operativa, técnica y económica para ejecutar la obra.

Para “facilitar” este procedimiento la EPMMOP invitó directamente a La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolución para que presente su oferta, pero finalmente fue otra persona que la presentó: el “Consorcio Repavimentación Quito’, conformado por la mencionada Inmosolución y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El examen de control se realizó a la pavimentación-repavimentación vial asfáltica y pavimento rígido programa II, del proceso LICO-EPMMOP-009-2019; y a la etapa contractual.

Se observó que la empresa pública no “justificó la necesidad ni la conveniencia técnica y económica” para realizar la contratación, y tampoco justificó por qué invitó directamente a La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolución.

El 8 de octubre, el gerente general de la EPMMOP, cuyo nombre no se menciona, inició la contratación y ese mismo día invitó directamente a Inmosolución para que presente su oferta. Esta oferta se presentó el 21 de octubre por una persona jurídica distinta a la invitada, denominada Consorcio ‘Repavimentación Quito’, que está integrada por Inmosolución con un 75 % de participación y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con un 25%. Así se suscribió el contrato el 7 de noviembre del 2019 por los $ 30′ 126.653,13.

Eso, según la Contraloría, demuestra que la Empresa pública incumplió su propia resolución 154-EPMMOP de firmar el contrato con Inmosolución.

Tampoco se hizo una comparación de la capacidad técnica de la contratista o que tenga mayor experiencia. No se hizo un análisis económico ni emitió una resolución “de la máxima autoridad en la que conste la conveniencia, viabilidad técnica y económica de la contratación mediante el procedimiento de régimen especial”.

Se mencionan irregularidades como que los pliegos se ajustaron a las características de la compañía ajudicada y se omitieron requerimientos como “personal técnico, experiencia y metodología de ejecución del proyecto”.

“Los funcionarios de la empresa municipal no justificaron, a través de estudios, la conveniencia técnica y económica de la contratación directa, como tampoco realizaron la comparación de la capacidad operativa del consorcio con otras empresas”.

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