Posted on May 07, 2020, 9:18 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 10 mins

Mientras el Ecuador se sumía en una de las peores crisis sanitarias de su historia debido al COVID-19, cientos de procesos de contratación de emergencia se impulsaban desde municipios, juntas parroquiales, Fuerzas Armadas, hospitales del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otras instituciones.

Las contrataciones bajo esta modalidad ayudaron a agilizar la compra de insumos y servicios en una carrera contra el tiempo para mitigar los estragos del nuevo coronavirus que ha afectado, sobre todo, a Guayas, provincia que suma más de 8 mil muertes por encima del promedio normal, solo en el mes de abril.

Los fallecimientos a causa de la pandemia se incrementaron a finales de marzo y alcanzaron un pico a mediados del mes siguiente. En ese periodo unos 800 procesos de emergencia se publicaron en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). No todos los procesos precautelaban los recursos del Estado. La adquisición de mascarillas y otros insumos para la protección de doctores y enfermeras de la seguridad social fue cuestionada por una parte de la opinión pública que no estaba de acuerdo con el precio y que se manifestó a través de redes sociales.

“El IESS está comprando mascarillas N95 a 12 dólares. En un distribuidor pequeño las venden a 3,90”, comentó Luis Pozo en la red social Twitter.

El contrato de $ 10,5 millones para la adquisición de más de 500 mil batas (manga larga y manga corta), unas 70 mil unidades de gel antiséptico, más de 12 millones de pares de guantes, 131 mil mascarillas N95, entre otras prendas que se destinarían a hospitales del Seguro Social, fue adjudicado el 22 de marzo pasado a la empresa Almantop S.A., cuyo domicilio está en la ciudadela Kennedy Norte, en el norte de Guayaquil.

Katherine Nieto Rosero, gerente de esta compañía, justificó el valor de las mascarillas en un comunicado que envió el 29 de marzo al entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda; y al director general del IESS, Miguel Ángel Loja, destituido tras el polémico contrato.

“El valor reflejado en la cotización incluyó un descuento del 6% del monto global por un total de $ 601 130,08, sin embargo y como es de conocimiento general, los precios de los insumos médicos para enfrentar la actual pandemia ha ocasionado que el precio de estos insumos se dispare”, dijo Katherine Nieto Rosero, gerente de Almantop en el comunicado con el que respondió la decisión del IESS de suspender la compra.

Nieto junto con Narcisa Bustillo Domínguez, quien tiene el cargo de presidente de esta firma, comparten por igual las acciones de esta compañía que registra como objeto social la venta de comidas y bebidas en cafeterías, según la información de la Superintendencia de Compañías. Mientras que el Servicio de Rentas Internas (SRI) la categoriza dentro del sector de la venta al por mayor de instrumentos, dispositivos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales.

Escasa tributación

Dentro de los últimos diez años, Almantop ha tributado $ 155 de Impuesto a la Renta. EL UNIVERSO revisó sus estados financieros y el capital suscrito de $ 800 no varió en el transcurso de los años. Un informe de la Contraloría, con indicios de responsabilidad penal en torno a la compra de las mascarillas, detalla que esta compañía “fue constituida en el año 2000, manteniéndose inactiva hasta el 19 de septiembre de 2019”.

Mientras que Nieto tributó $ 180; su socia no registra pago de Impuesto a la Renta.

En el informe de la Contraloría que fue enviado a la Fiscalía también se observa que “el exDirector General declaró en emergencia a las dependencias de salud del IESS, aunque esta es competencia exclusiva del Consejo Directivo; y, suscribió una orden de compra por $ 9,4 millones, excediendo sus atribuciones para aprobar gasto, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta $ 7 millones a ese nivel jerárquico. Tampoco informó al Consejo Directivo de la entidad sobre la compra”.

En el proceso contractual, según la Contraloría, “se invitó a empresas vinculadas, relacionadas entre sí a través de sus accionistas o por sus vínculos comerciales”. Entre estos, se menciona, a PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S. A. y TAXPERSON S. A. Este Diario constató que ALMANTOP S. A. y TAXPERSON S. A. registran su domicilio en el mismo piso y edificio, según la información de la Superintendencia de Compañías.

El contrato que motivó la detención de la gerente del Hospital General Norte de Guayaquil Los Ceibos

 

En varios sectores de Guayaquil y Quito se ejecutaron allanamientos como parte de la operación Victoria 276 que tenía por objetivo desarticular a una organización que estaría involucrada en un delito de peculado, en torno a un proceso contractual para adquirir insumos hospitalarios, como 4000 bolsas para cadáveres, por un monto de $ 872 mil.

La Policía detuvo el domingo 4 de mayo pasado a Susana Mera, gerenta del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos; Johanna Vinueza, quien registra el cargo de subdirectora administrativa financiera en el IESS, entre otras funciones en diferentes instituciones, durante la última década, según los datos de Contraloría; Cristina Goya, servidora pública 5 también en el IESS; y Fabián Benavides, a quienes el juez Ricardo Barrera les dictó prisión preventiva.

“No se enviaron invitaciones para concursar a empresas que distribuyen materiales médicos. La empresa Silverti S. A. es la que promocionaba las bolsas para guardar cadáveres de adultos a $ 148, cada una, cuando en el mercado se cotizaban a $ 12 cada una”, dijo la fiscal Claudia Romero en la audiencia de formulación de cargos.

Las denuncias surgieron en redes sociales. Por esa misma vía el departamento de Comunicación del hospital defendió la contratación: “Dicho proceso, se realizó bajo la modalidad de contratación en situación de emergencia, es decir, de forma directa y respetó la normativa legal vigente… En el respectivo ‘Estudio de Mercado’, 4 oferentes participaron con proformas , en donde el valor unitario de las fundas de embalaje de cadáveres osciló desde $ 148 hasta $ 160”. No

El contrato fue adjudicado a Silverti S. A., cuyos accionistas son Sandra Ortega Romo, Cristina Benavides y el Grupo de Empresas Paz Salinas S. L.

Los antecedentes de esta compra se remontan al 26 de marzo cuando Mauricio Espinel, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar comunicó a las autoridades de los hospitales del IESS que “Guayas, por ser la provincia que registra más casos de coronavirus en el país, se aprueba la compra inmediata de dispositivos médicos y medicamentos”.

Doce días después de contar con las aprobaciones de las áreas Dirección Técnica, Planificación, Financiera, Presupuesto y Compras Públicas, la gerenta de la institución “autoriza el gasto e inicio del procedimiento”.

También en hospital del Guasmo

Las denuncias no paran. Un caso similar se investiga en el Hospital General Guasmo Sur, del Ministerio de Salud. La Secretaría Anticorrupción publicó días atrás en su cuenta de Twitter una adquisición de 300 bolsas para cadáveres, también con sobreprecio. Cada bolsa plástica estaba valorada en $ 145.

Esta compra, se hizo dentro de un contrato de un total de $1,1 millones, que incluye guantes quirúrgicos, frascos, hisopos, jeringas y más insumos.

A través de un comunicado, la Contraloría informó que ejecuta exámenes especiales en los hospitales de Los Ceibos, del Guasmo Sur, de Especialidades Eugenio Espejo, Baca Ortiz y en el Hospital Luis G. Dávila, de Tulcán.

Leave a Reply

  • (not be published)