Posted on November 20, 2019, 12:06 pm
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Mientras el foco internacional está puesto en las crisis políticas y sociales abiertas en Bolivia y Chile, la situación enquistada en Nicaragua ha pasado a segundo –o tercer– plano. Por lo menos hasta el pasado fin de semana, en que la represión del régimen, liderado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, contra la oposición se ha incrementado, así como los actos contra las iglesias, que albergan actos de protesta contra el gobierno.

Así lo denunció este lunes, a través de un comunicado, la Archidiócesis de Managua, que pidió al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo «que tomen acciones inmediatas para que se respeten todos nuestros templos católicos, asimismo a la Policía Nacional que retire sus tropas que asedian e intimidan la Catedral y nuestras parroquias». Recriminó, además, la entrada y toma de control de la Catedral Managua –donde varias madres de presos políticos se encontraban en huelga de hambre para pedir su liberación– por parte de grupos violentos que golpearon a un sacerdote y a una monja.

 

Sobre el incremento de la represión, se pronunció ayer la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que a través de su portavoz, Ruper Colville, reclamó al Gobierno de Ortega «poner fin a la represión continuada contra la disidencia». Y mostró su «preocupación por la situación de las 13 personas que, en protesta, ingresaron a una iglesia en Nicaragua, que fue rodeada por la policía». Asimismo, el portavoz de Michelle Bachelet exigió que el régimen sandinista acabe con «las detenciones arbitrarias, y se abstenga de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, los opositores políticos y cualquier otra voz disidente».

Esta denuncia se refiere al encierro y huelga de hambre que otro grupo de madres de presos políticos iniciaron el pasado jueves en la iglesia de San Miguel de Masaya, a 30 kilómetros de Managua, para pedir su liberación –135 permanecen encarcelados, a pesar de que Ortega se comprometió a liberarlos con la Ley de Amnistía.

Pocas horas después de comenzar la huelga de hambre, el templo fue rodeado por agentes de la Policía Orteguista, que impidió el acceso a cualquier persona, incluidos sacerdotes de otras parroquias. A este asedio se sumó el corte de los suministros de agua y electricidad de la iglesia, lo que llevó a varios miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) a llevar agua y víveres –para las personas en el interior de la iglesia que no seguían la huelga de hambre–. A la salida, los 13 miembros de la UNAB –entre los que hay ingenieros, psicólogos, estudiantes– fueron detenidos por la policía. El lunes la fiscalía los acusó de «tráfico ilicíto de armas».

Amaya Coppens, detenida

Entre los detenidos se encuentran las destacadas activistas Olga Valle y Amaya Coppens, que el pasado mes de septiembre realizaron una gira por varios países europeos –visitaron la UE y la ONU– para denunciar la situación de Nicaragua. Un viaje que hizo parada en España. En Madrid, conversó con ABC sobre la situación de su país y cómo había cambiado su vida tras salir de la cárcel.

La líder estudiantil Amaya Coppens –que según ha declarado su hermano Diego a ABC habría sido «golpeada» durante la detención y se encontraría en «aislamiento»– ya fue apresada durante las manifestaciones contra Ortega que comenzaron en abril de 2018. La activista pasó ocho meses en prisión hasta que fue liberada por la polémica Ley de Amnistía –«aunque su caso no está cerrado», matiza su hermano–. Para la ONU, esta nueva detención de Coppens «puede ser considerada un acto de represalia por denunciar la situación de los DD.HH. en Nicaragua» en instancias internacionales, señaló Colville.

 

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