Posted on October 06, 2019, 6:48 pm
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Cuando se creía que el personaje más contradictorio de toda la película que es el Brexit era Jeremy Corbyn, líder de la oposición, llega Boris Johnson para, en un mismo día, señalar una cosa y la opuesta con solo horas de diferencia. El «premier» lleva meses repitiendo el mismo mantra: «Dejaremos la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo». Lo repite en sus discursos, lo reafirma ante los medios y lo publica constantemente en su cuenta de Twitter. Sin embargo, en unos documentos legales dados a conocer ayer por varios medios de comunicación británicos, el Gobierno deja entrever que la posibilidad de un divorcio sin acuerdo está prácticamente descartada y que Johnson pedirá a Bruselas una prórroga de la fecha de salida con el objetivo de seguir negociando si no se llega a un pacto antes del 19 de octubre. De esta forma estaría acatando la ley aprobada el pasado 6 de septiembre, antes del cierre del Parlamento decretado por el «premier».

Los documentos, en los que se deja claro que el Gobierno no intentará incumplir la llamada Ley Benn (bautizada así por el diputado laborista Hilary Benn, que lideró la aprobación), fueron presentados ante un tribunal escocés en nombre del primer ministro. ¿El motivo? Una denuncia presentada por el mismo equipo detrás del caso de la Corte Suprema que descubrió que la orden de cerrar la Cámara era ilegal: el empresario Dale Vince, el abogado Jolyon Maugham y la diputada nacionalista escocesa Joanna Cherry, del SNP, que piden que el Tribunal de Sesión, el más alto de Escocia, obligue al primer ministro a acatar dicha ley y no obligar a los ciudadanos británicos a salir sin un acuerdo. Lord Pentland, el juez, anunciará su decisión el próximo lunes.

En declaraciones a los medios en las afueras de la corte en Edimburgo, Maugham aseguró que presentaron la denuncia ya que «nuestra preocupación siempre ha sido que no se puede confiar en este primer ministro» y añadió que «está haciendo declaraciones contradictorias y no confiamos en que hará lo que le ha dicho al Tribunal que hará. Por eso queremos que el Tribunal dicte órdenes que lo obliguen a hacerlo, y si no lo hace, entonces enfrentará consecuencias penales».

En cuanto a las contradicciones parece tener razón, ya que pese a la salida a la luz de dichos documentos que hablan en su nombre, Johnson fue tajante de nuevo con respecto a su postura más repetida en un tuit publicado ayer por la tarde: «Un nuevo acuerdo o ningún acuerdo, pero sin demora». El primer ministro desquicia así no solo a la Unión Europea y sus detractores, sino a sus propios seguidores, que no saben ya si creer en las palabras que dice o en los documentos legales en los que manifiesta otra posición. Solo la intención de solicitar dicho aplazamiento, aunque sea para cumplir la ley, choca frontalmente con el discurso oficial mantenido por el premier hasta el momento, que ha dicho incluso que prefiere «caer muerto en una zanja» a pedir una demora del Brexit.

Incoherencias

No obstante, según fuentes de Downing Street citadas por el periódico «The Independent», toda esta aparente incoherencia en sus alegatos sería parte de la estrategia política de Johnson para convencer a sus simpatizantes de que ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo y de que «ha luchado con uñas y dientes» para evitar un nuevo retraso en la fecha de salida, pero que han sido los tribunales y el Parlamento los que han frustrado sus planes. Por lo tanto, podría lavarse las manos ya que una prórroga no sería su culpa.

Además, esta estrategia podría contemplar otra posibilidad: que Johnson pretenda efectivamente cumplir la ley solicitando la prórroga, pero al mismo tiempo maniobrar en privado para que algunos de los 27 decida no aceptarla, ya que la respuesta europea debe ser unánime. Esto daría sentido a unas intrincadas declaraciones de una fuente oficial de Downing Street a la BBC que aseguran que «la ley no impide al Gobierno hacer otras cosas que impidan un retraso, incluidas otras comunicaciones, tanto públicas como privadas. La gente tendrá que esperar a ver cómo se soluciona todo esto. El Gobierno le está haciendo saber a Europa de forma privada cuál es su posición oficial sobre el retraso y la hará pública pronto». En la misma línea habló también el euroescéptico Steve Baker, presidente del Grupo de Investigación Europeo pro-Brexit dentro del Partido Conservador, quien dijo que el documento del Gobierno entregado al Tribunal escocés no cambia en nada su posición oficial. «Todo esto significa que el Gobierno obedecerá la ley. No significa que pediremos una extensión de la fecha. No significa que nos quedaremos en la UE más allá del 31 de octubre. Nos iremos».

Panorama convulso

Maugham, uno de los denunciantes, puso ayer voz a lo que muchos piensan: «Es imposible para él (Johnson) decir, como le ha estado diciendo al Parlamento y al resto de nosotros, que saldremos de la UE el 31 de octubre, pase lo que pase. Es muy triste que tengamos un primer ministro que dice dos cosas contradictorias: una al Parlamento y otra a los tribunales». Aunque en el convulso panorama político británico, quizá tal contradicción no sea tal y tenga un sentido oculto aún pendiente de revelar.

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