El radar de la Defensoría del Pueblo detectó hace casi un año un caso de esclavitud moderna en Ecuador, en una hacienda de cultivo y extracción de fibra de abacá. Las penurias de los agricultores de Fukurawa, que trabajan la tierra por una remuneración mínima y viven en condiciones infrahumanas dentro de la plantación trascendió a las autoridades. La Defensoría del Pueblo instó, entonces, a 10 carteras de Estado a atender a los ciudadanos explotados, a sancionar y atajar el abuso de la empresa y a garantizar el acceso a servicios básicos de los 200 agricultores.

“No existen para el Estado”, reprocha Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. No se ha realizado un censo de cuántos afectados hay. De ahí parte el descontrol. “En realidad no se ha solucionado nada. Al contrario, ha habido una complicidad del Estado para dar por terminado el caso”, denuncia.

A la espera de un segundo informe de seguimiento, el 5 de abril quedaba plasmado en un extenso documento que la Defensoría del Pueblo había recetado recomendaciones a los ministerios de Trabajo, Agricultura, Salud, Educación, Inclusión Social, Secretaría de la Política y a la Fiscalía, Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas Internas y Registro Civil. El nivel de implicación fue tan escaso que invocó el artículo 11.9 de la Constitución ecuatoriana, que habla de la responsabilidad del Estado por la falta o deficiente ejecución de funciones. La Defensoría concluyó que las instituciones públicas “son responsables por las vulneraciones a derechos humanos que sigan ocurriendo en las haciendas de la empresa Furukawa”.

Hubo dos intentos de negociación desde febrero. Primero con mediación de la Secretaría de Política y, después, del ministerio de Trabajo. Fueron “fallidos”. A juicio de la abogada, se trató de meros gestos para acabar con el problema y no para aliviar la situación de los afectados. “La Secretaría de Política llamó a la empresa y a los trabajadores y les sentó en una mesa para que la compañía ofreciera compensaciones y el caso se cerrase. Sin que presentasen ninguna acción legal. No se llegó a un acuerdo. Primero, ofrecieron dinero y luego, tierras”. Pero, dice la defensora, ninguna de las ofertas cumplía con las pretensiones de los afectados.

En una segunda cita, las reuniones se convocaron con cada trabajador uno por uno. “Ofrecieron compensaciones, una figura que no está contemplada en el Código Laboral, y las calcularon al ojo, sin ningún tipo de tabla o claridad”. Tampoco cuajó. Es lo que detalla la abogada de los trabajadores. Pero el presidente de Furukawa, Hugo Chalem, habla por primera vez sobre el caso para EL PAÍS y matiza esa percepción de fracaso. Según su relato, sí se alcanzó un acuerdo con la mayoría de los trabajadores. Asegura Chalem que solo un grupo se quedó al margen y que no son siquiera trabajadores, sino invasores de esas tierras con antecedentes delictivos.

El presidente de Furukawa reprocha que se haya armado “una película de terror” del asunto y cree que hay un “complot” detrás de todo. Punto por punto, desmiente las acusaciones de explotación, con un argumento de base: las penurias de los explotados no son achacables a la compañía, pues Furukawa arrendaba sus tierras desde 2010 y esos arrendatarios son los que abusaban de sus colaboradores. “Es un contrato de arrendamiento de predios rústicos, algo que permite la ley. Nosotros alquilamos la plantación y ellos nos venden la producción”, explica. Así funcionaba la hacienda de 2.000 hectáreas, desde que Ecuador prohibió la terciarización de trabajadores.

Sin embargo, Chalem no niega que los afectados hayan estado trabajando por sueldos irrisorios o que hayan pernoctado en campamentos sin servicios básicos. Pero desplaza la responsabilidad a los arrendatarios de las tierras: “Nosotros pagábamos cada tonelada de fibra por unos 1.500 dólares y cada hectárea puede producir dos toneladas de fibra al año. Podíamos llegar a entregar casi 250.000 dólares a cada arrendatario”, aduce, acusando a estos responsables de quedarse con la mayor parte del pago en lugar de repartirlo con quienes trabajaban las tierras. Además, defiende que construyeron viviendas con todas las “comodidades de ley”.

—Si conocían el abuso laboral y que había agricultores viviendo en barracas, ¿por qué no intervinieron?

—Porque no podíamos entrar a las tierras. Estaban alquiladas con un contrato ante notario—, responde el directivo.

Coincidiendo con la primera inspección de la Defensoría del Pueblo en octubre pasado, Furukawa tomó la decisión de liquidar esos alquileres y cambiar la modalidad de trabajo. Si antes había 18 arrendatarios y unos 12 empleados por cada uno, ahora la compañía tiene 270 trabajadores en campo. Le salía más rentable y productivo meter en plantilla a los coordinadores y a los agricultores que alquilar sus tierras. Ese cambio, asegura Chalem, es lo que motivó la protesta: “Como iban a perder todos sus privilegios, los arrendatarios montaron esta película de terror”. Tras dos meses de suspensión de actividad, Furukawa recibió el permiso de reapertura. El caso sigue abierto en la Defensoría, a falta de un informe final, y, entre tanto, un juez ha otorgado medidas de protección a 103 trabajadores para impedir que sean perseguidos o intimidados.

Leave a Reply

  • (not be published)