Un total de 39 casos de contratación pública con 22 empresas fantasmas ha generado un perjuicio para el Estado que llega a los 28.6 millones de dólares. Esa es la conclusión a la que llegaron los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) luego de analizar los contratos de 18 instituciones del sector público ocurridos entre 2012 y 2016.

El presidente de la CNA, Jorge Rodríguez, explicó este jueves que lo que el análisis descubrió fue un “esquema simple y descarado de corrupción” en el que el sector público contrató y transfirió fondos a empresas fantasmas. Se cree que unas 10.000 personas de la parte pública y privada estarían involucradas en este ilícito esquema.

“El modus operandi era sencillo. Con un nombre se acercaba al SRI y se obtiene un Registro Único de Contribuyentes. Luego se manda a hacer las facturas y lo que hace es ponerse de acuerdo con un funcionario público que trabaja en un ministerio o en una determinada entidad   y dice que va a comprar  algo. La empresa fantasma le hace y le entrega la factura y se lleva el dinero. Después se reparten el dinero con el funcionario público…”, explicó Rodríguez.

Rodríguez criticó al gobierno actual por no estar haciendo nada respecto a la verificación de la auditoría interna de lo que se está comprando dentro del sector público.

Los integrantes de la CNA anunciaron que presentarán la denuncia y los documentos que sustentan la misma ante la nueva fiscal general Diana Salazar.

Juan Esteban Guarderas, uno de los investigadores del caso, señaló su preocupación respecto a que este “esquema tan simple de corrupción” no ha sido analizado por las entidades de control pertinentes, pese a que estas instituciones ya tenían información de ello.

Guarderas indicó que en esta muestra pequeña de tiempo analizada y dentro de estos 39 casos solo se tomaron en cuenta contratos con montos grandes como $3 millones y $5 millones, pero no se analizó contratos de cantidades pequeñas de $10.000, $20.000 y $30.000 en donde se presume se usaba el mismo mecanismo para perjudicar al Estado.

Según un boletín de la CNA, de la muestra analizada, entre las instituciones públicas que más habrían contratado con empresas fantasmas estarían el Gobierno Provincial del Guayas con 14 contrataciones desde el 2012 al 2016 y la Dirección Distrital de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Guayas con cuatro contrataciones en el mismo período.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, la subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, el Instituto Nacional de Preinversión, son entre otras instituciones públicas que, según la investigación de la CNA, contrataron con empresas fantasmas.

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