Unos 44 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en el occidente de México, la carretera federal se transforma, sin previo aviso, en privada. El camino choca contra unos muros de concreto y unas vallas con seguridad privada que resguardan la península de Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas (Estado de Nayarit). Detrás del hormigón, se asientan 700 hectáreas y 14 kilómetros de playas de muy difícil acceso para los locales. “La única entrada para nosotros es a través del agua”, dice Rocío Martínez, activista de la zona. “Y en cuanto pones un pie te caen los guardias de seguridad”.

En Punta de Mita, la segregación muestra su cara más brutal. A un lado del muro, uno de los complejos turísticos más opulentos del país con campos de golf, lujosas suites y piscinas privadas. Uno de los destinos turísticos favoritos del expresidente Enrique Peña Nieto. Del otro lado, una pequeña aldea que ha quedado relegada a la pobreza y a un servicio de agua corriente que solo funciona tres veces a la semana. Un poblado pesquero que ha sido empujado a utilizar una pequeña parte de la costa. “Dicen que es muy lindo de aquel lado, a todos nos gustaría poder entrar”, se lamenta Ernesto, un trabajador de la región.

A pesar de que la ley en México establece que todas las playas del país son públicas, la realidad que gobierna es otra. Nayarit no es el único caso donde la costa ha sido privatizada. No se puede acceder a muchas de las zonas costeras en los 17 Estados del litoral. A lo largo de la ribera, se repiten las advertencias: “propiedad privada”, “prohibido pasar”, “acceso restringido”, “camino cerrado”. Acompañadas muchas veces de guardias de seguridad, vallas o alambradas.

La legislación mexicana establece que los 20 metros de playa adentro desde la línea del mar son un bien federal. Una empresa o una persona puede adquirir derechos sobre esa parte, pero no puede limitar el acceso. Del total de las costas mexicanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de concesionar la Zona Federal Marítimo Terrestre – un nombre técnico-, ha puesto en manos privadas unos 153 kilómetros cuadrados, según ha podido saber EL PAÍS a través de una solicitud de información. Un 32,2% del total nacional.

“¿Ves esto? Esto no puede estar aquí”, dice el activista Javier Chávez al señalar una alambrada enterrada en la zona federal. Un letrero alerta: “Propiedad privada. Prohibido el paso”. Él, junto a varios colectivos de la región, lleva luchando hace años por mantener abiertos los accesos a la ribera. El pulso por mantener un paso público a la playa La Lancha, a pocos kilómetros de Punta de Mita, lo llevó en 2018 a enfrentarse física y judicialmente con una empresa privada. El conflicto más grande no es el cierre de la playa, explica, si no los caminos para ingresar a ella. “La gente no conoce sus derechos, entonces ve estos letreros o muros, cree que no puede entrar y deja de venir. Con el tiempo, ellos terminan teniendo una playa casi privada”.

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