España se prepara para afrontar un contencioso diplomático y comercial con Estados Unidos. La Administración de Donald Trump tiene previsto reactivar la próxima semana la política de penalizaciones a empresas europeas con intereses en Cuba, la conocida como ley Helms Burton, que lleva más de 20 años congelada. Esta herramienta, que permite reclamar daños en los tribunales estadounidenses a cualquier firma que se haya asociado con otra cubana para hacer negocio en la isla, amenaza con desencadenar miles de litigios judiciales. El Gobierno ha expresado a Washington su malestar por esta decisión

La beligerancia con la que Trump entiende su relación con la UE encona particularmente las relaciones comerciales. Al permitir que cualquier empresa o particular estadounidense denuncie en su país a firmas que hayan utilizado terrenos expropiados con la llegada de la revolución cubana, en 1959, Estados Unidos abre una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles. Washington ya ha hecho saber tanto al Gobierno como a la UE que esa palanca se activará el próximo miércoles, según fuentes gubernamentales y comunitarias consultadas por este diario.

La medida puede afectar de manera particular a las firmas españolas instaladas en Cuba. España es el país con más empresas mixtas (surgidas de colaboración con sociedades cubanas) y más sucursales implantadas en la isla, con una destacada presencia en el turismo y los servicios, según datos del Ministerio de Exteriores. Un 71% de las habitaciones controladas por cadenas extranjeras están en manos de inversores españoles. Pese a todo, en cifras globales, las cantidades invertidas no son voluminosas (Cuba ocupa el número 53 en la lista de destinatarios de inversión española en el exterior, con unos 300 millones de euros anuales).

El gran riesgo de esta medida es que desencadene un alud de reclamaciones judiciales a ambos lados del Atlántico. En su momento, el Gobierno estadounidense estimó que reactivar el título 3 de la ley Helms Burton abriría la puerta a unos 200.000 casos, según informa Reuters. Las demandas presentadas —en la actualidad inactivas porque la norma no está en vigor— rondan las 6.000. Las fuentes consultadas consideran difícil estimar la viabilidad de estos recursos. Lo que resulta muy probable es una cascada de demandas y contrademandas. Porque Bruselas tiene una herramienta que respalda a cualquier empresa europea víctima de este procedimiento para acudir a los tribunales del continente y reclamar a su vez compensaciones a la firma estadounidense que la haya demandado. Todo un embrollo judicial.

Efecto en Venezuela

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, trató de disuadir a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, en la reunión que mantuvieron a principios de abril en Washington. “España y la UE están en contra de esa aplicación, porque entendemos que hay un acuerdo que prevé una renovación permanente y sistemática cada seis meses de la no aplicación de este capítulo”, señaló entonces el ministro. También la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, han planteado sus objeciones a las autoridades estadounidenses.

Aun así, esta misma semana dos representantes de la Administración Trump han trasladado que no hay mucho más que hacer. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, deslizó a sus interlocutores en Exteriores y en La Moncloa que la Casa Blanca estaba decidida a dar el paso adelante. Pese a que este contencioso no tiene nada que ver con el Gobierno de Nicolás Maduro, Washington entiende que cualquier castigo a Cuba —aunque este es indirecto, a través de empresas extranjeras— contribuye a asfixiar a Maduro. Casi al mismo tiempo que se producían estas reuniones en España, los representantes de los 28 Estados de la UE se reunieron en Bruselas con un alto cargo del Departamento de Estado estadounidense. La advertencia fue similar.

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