Amenaza y hecho lacerante; la corrupción ocupa el primer lugar como preocupación de la gente, no sólo en casi todos los países latinoamericanos sino en otras regiones. También atraen atención y simpatía actuaciones enérgicas y diligentes contra la corrupción. Eso ha ocurrido esta semana en el Perú —dicen que Justicia TV arrasó en teleaudiencia— en la actuación de un fiscal y un juez en una diligencia judicial que se extendió por una semana.

Vengo recién llegado de Rumanía siendo testigo de preocupantes movidas gubernamentales para despenalizar algunos delitos de corrupción y desplazar a fiscales calificados. Primero, el Gobierno removió en julio a la destacada fiscal anticorrupción Laura Codruta Kovesi; la semana pasada le tocó al fiscal general, Agustín Lazar, digno y enérgico funcionario, horas después de que pudiera entrevistarme con él y de que la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, criticara las regresivas reformas judiciales.

Y así ocurre en muchos lugares: el poder político cobijando a la corrupción. Felizmente el panorama no es un páramo de inoperancia. Sistemas institucionales en varios países tienen hoy a más expresidentes tras las rejas, o procesados por corrupción, que en toda la historia: Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú, por ejemplo. Pero como toda acción genera una reacción, hay movimientos en sentido contrario. Destacan tres: la intervención del poder político; la acción de redes corruptas dentro de los sistemas judiciales, y el populismo judicial que a veces amenaza, de otra manera, el rigor de los procesos. Toda una “trenza”.

Una de las trenzas es la debilidad, complacencia o complicidad del poder político con redes de corrupción. Que opera desde el poder tanto como vía para premunirse de dinero ilegal (coimas, comisiones, etc.) como para construir barreras de impunidad. Hay varios ejemplos pasados y recientes de esto en la región. Uno de ellos es, sin duda, lo ocurrido en el Perú con el fujimorismo; el de ayer, y el de hoy.

El Gobierno autoritario de su fundador (1990-2000) condujo la estructura más corrupta de la historia peruana apropiándose de miles de millones de dólares. Para curarse en salud se montó un sistema institucional para garantizarse impunidad. En tiempos actuales, el fujimorismo que controla el Congreso ejerce su poder político en dirección semejante. Haciendo, por ejemplo, de una costosa “comisión investigadora” parlamentaria sobre el caso Lava Jato una vía de silenciamiento de indicios de corrupción de sus allegados. Asimismo, blindando a jueces y fiscales cuestionados y afectando a probos.

La segunda trenza es la de redes corruptas que operan dentro del sistema judicial construyéndose sus propios mecanismos de nombramientos y evaluación de jueces o fiscales con intercambio de favores y ventajas y, por cierto, controlando investigaciones fiscales y procesos judiciales para beneficio propio o de terceros a cambio de dinero o poder. Una de esas estructuras acaba de colapsar en el Perú por acción de fiscales probos. Nada menos que un magistrado de la Corte Suprema aparece centralmente implicado; fugó a España en donde, tras las rejas, hoy se defiende de un pedido de extradición.

La tercera trenza no es una pieza “activa” de la corrupción ni está generalizada. Pero puede acabar contribuyendo a debilitar la capacidad institucional de la justicia y su imagen. Hay de eso por doquier y es el eventual protagonismo excesivo de autoridades judiciales o del ministerio público; algo que en este diario ya he calificado de “populismo judicial” [19/4/18]. Orientado, a veces, más a cosechar aplausos y simpatía que a conducir con rigor los procesos. En ese devenir pueden acabar confundiendo lo principal con lo accesorio y, acaso, sin quererlo, debilitando las capacidades institucionales contra la corrupción.

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