Posted on January 12, 2021, 10:15 pm
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Después de tantas idas y vueltas, ayer se abrió la audiencia para presentar las pruebas de decenas de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el régimen de Fujimori, preso en una cárcel ubicada al este de Lima. Junto a él, están acusados tres de sus ministros de Salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

El juicio se basa en las denuncias de 1.307 mujeres (de las cerca de 350.000 en total) que alegan haber sido esterilizadas forzosamente durante el régimen de Fujimori (1990-2000). Entre las cuales se encuentran las familias Celia Ramos y Mamérita Mestanza, que murieron tras ser operadas sin su consentimiento, así como las supervivientes de lesiones graves como Victoria Vigo e Inés Condori, entre otras.

«Es la primera vez que el caso llega ante el Poder Judicial. El expediente data del año 2002, por lo que es el más antiguo de esterilizaciones forzadas ocurridas en el Gobierno de Fujimori. El período de esta práctica se sitúa entre 1996 hasta el 2000. Después de más de dos décadas de espera, 1.307 víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori darán a conocer su historia», dijo a ABC la abogada de DEMUS, Maria Ysabel Cedano. «Siento que por vez primera se hará justicia a las familias de Mamerita Mestanza y Carola Rojas, que murieron como parte de estas prácticas inhumanas», agregó.

Audiencia suspendida

La audiencia fue suspendida porque el Poder Judicial no contrató intérpretes de uno de los idiomas originarios y oficiales del país andino, el quechua; hecho que impidió que que varias de las víctimas y sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas puedan dar su testimonio ante el juez Rafael Martin.

Amnistía Internacional lamentó la suspensión de la audiencia «debido a la falta de intérpretes que garantice el derecho de las agraviadas». «Exhortamos al Poder Judicial a garantizar este derecho, y fijar sin dilaciones una nueva audiencia para que las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas accedan a justicia y reparación», concluyeron.

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