Con 104 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Se necesitaban 91 voluntades.  La moción la presentó uno de los interpelantes, el legislador independiente Roberto Gómez.

A la moción se sumó el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, CREO e independientes.  El juicio político duró más de 10 horas. Durante su comparecencia, Romo aseguró que cumplió con sus funciones legales y constitucionales, en el deber de preservar la paz y la seguridad de la ciudadanía.

¿Cuáles son las funciones que debe cumplir la primera autoridad del Ministerio de Gobierno? Expedir planes, programas, estatutos y reglamentos para institucionalizar la Policía Nacional y herramientas para realizar su trabajo; coordinar con los los gobiernos autónomos descentralizados su participación en la construcción de la política de seguridad ciudadana, protección interna y orden público; entre las principales.

Romo expuso con diapositivas estas atribuciones, pues el juicio se realizó por incumplimiento de funciones en el marco de las protestas de octubre de 2019.  Romo señaló que la actuación de la Policía Nacional fue prudente. “Incluso cuando un grupo de supuestos manifestantes atacaron una base militar donde se guardaba armamento. Incluso ante el estallido de una inusual violencia se usó la fuerza disuasiva,” recalcó.

Romo evidenció que entre las competencias constitucionales no están responder por la ejecución operativa, como por ejemplo, disponer el uso o no de bombas lacrimógenas caducadas. También señaló que pese a sus argumentos los legisladores habían tomado ya una decisión. 

En la sesión intervinieron 25 legisladores. Romo señaló que estaba lista para una sanción por parte de una Asamblea que carece de credibilidad y que su actuación se asemeja a una revancha política por haber impedido un golpe de Estado. 

La Comisión de Fiscalización envío al pleno de la Legislatura un informe en el que se recomiendaba la sanción y destitución de la funcionaria por la causal de incumplimiento de funciones. Este incumplimiento se habría producido al usar bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019 y en permitir que estas bombas sean lanzadas en las zonas de acogida humanitaria donde pernoctaban los manifestantes. 

La asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, en su calidad de interpelante, arremetió contra el Gobierno y aseguró que al elevar el precio de los combustibles y destinar fondos para el pago de la deuda externa, es el culpable de la violencia generada.

El legislador Roberto Gómez, aseguró que el juzgamiento no es solo por el uso de bombas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019, sino por diferentes casos de corrupción que se han evidenciado en el Gobierno.

La asambleísta de Suma, Gabriela Larreátegui, aseguró que el juicio está mal planteado,”vemos que no hay mayor sustento”, señaló, por lo cual su voto, como el de su bancada fue la abstención.

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