Cinco horas duró la presencia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, vía telemática, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde presentó sus pruebas de descargo dentro del trámite de juicio político por los hechos de octubre de 2019, en el marco de un paro nacional que, en algunos casos, desbordaron en violencia.

Desde la Presidencia de la República y junto a personal de la Policía, defendió y respaldó las acciones de esa institución armada. Aclaró que es una autoridad civil cuya tarea es ejercer la rectoría de las políticas públicas en tanto la entidad de seguridad ejerce las competencias operativas.

Apoyada por diapositivas, Romo presentó cuáles son sus funciones, qué dispone el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana o la labor específica de la Policía Nacional.

Tres son las acusaciones en contra de la titular de Gobierno: lanzamiento de bombas lacrimógenas caducadas durante las manifestaciones. Presentó un certificado de vida útil de una empresa en la que se manifestó que el uso del producto después de cinco años no causa daños a la salud.

Señaló que su directriz fue que no se usaría la fuerza letal y que la Policía usaría material disuasivo.

“Me ratifico en que puesta a elegir entre una Policía que baje los brazos o una Policía que utilice sus armas letales, habría escogido utilizar este material que no es más tóxico para la población. Lo respaldo y lo defiendo. Defiendo las instrucciones operativas que, en el nivel policial, se dieron respecto del uso de ese material”, dijo.

Para la funcionaria, el juicio político “raya en lo absurdo”, porque se trata el tema en lugar de estar discutiendo quiénes son los responsables de haber cuestionado la institucionalidad estatal o si hubo o no un golpe de Estado, o cómo resolver la inequidad, la injusticia, la pobreza agravadas por el coronavirus.

Sobre la segunda acusación de que bombas lacrimógenas cayeron cerca de lugares en donde pernoctaban manifestantes, Romo sostuvo que fueron incidentes aislados.

Agregó que no hubo incursiones en sitios donde hayan estado los protestantes y que la Policía respondió a actos violentos y evitó que estos escalen.

Roberto Gómez, asambleísta independiente, presentó varios videos sobre los hechos de octubre. Afirmó que el Estado va a tener que responder por sus acciones. A su criterio, Romo no descargó su responsabilidad política.

“Cuántos hospitales hay que repartir para que realmente esto pueda ser calificado como un acto inmoral y lejano a la ley, cuántas instituciones públicas, como la ANT, tiene que repartir para, según lo que dice la misma Fiscalía, para que esto sea ilegal…”, dijo Gómez.

Amapola Naranjo, de la Revolución Ciudadana, criticó la presencia de miembros de la Policía acompañando a Romo. Sostuvo que no se puede usar a la institución demostrando lo que llamó “prepotencia y el uso abusivo del poder”.

Según Naranjo, hay informes que aseguran que el Gobierno y la actuación de la Policía desataron la violencia. “No es posible que usted diga que la Policía ha actuado con mesura…”, agregó la legisladora. Citando informes de la Defensoría del Pueblo, añadió que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía que la lidera Romo.

Rodrigo Collaguazo, legislador de AP, también cuestionó la presencia de personal policial. De forma irónica, señaló que entendería que estarán con permiso con cargo a vacaciones o deberían estar en sus funciones.

Calificó como “lavada de manos” la intervención de la ministra porque, a su juicio, trasladó la responsabilidad de lo que llamó la “represión de octubre” a la Policía.

La tercera acusación se refiere a una supuesta convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación. Romo sostuvo que no era una competencia de ese ministerio sino de la Secretaría de Comunicación.

Romo agregó que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) hubo un secuestro de periodistas y de policías y se convocó a ese comité y se decidió que la primera opción era la negociación.

Acerca de quiénes le acompañaron en su intervención desde Carondelet, la ministra mencionó, por ejemplo, que había personal que estuvo en lo sucedido en la CCE y que actuó con mucha prudencia.

Antes del cierre de la sesión, que se había iniciado aproximadamente a las 08:00 y concluyó pasadas las 13:00, Romo mencionó que, con la de ayer, ha comparecido por 39 ocasiones.

A su criterio, el juicio político también tiene que ver con las investigaciones sobre el Isspol, con haber impedido lo que llamó “el golpe de Estado”, con haber desarticulado “la Policía del espionaje”, entre otras decisiones.

Por ello, más allá de una decisión sobre ella, pidió que se debe dar un mensaje de respaldo a la Policía.

El siguiente paso es la valoración de dichas pruebas presentadas durante el proceso y la elaboración del informe para conocimiento de la Comisión.

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