Posted on October 29, 2020, 10:21 am
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El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, afirmó que el uso progresivo de la fuerza durante el paro nacional de octubre de 2019 lo dispuso la Ley, y no la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Que la emisión del Decreto 883 fue el detonante para la ola de manifestaciones que rebasó las expectativas de contención.

Carrillo compareció vía telemática ante la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político que se sigue a la ministra por supuesto incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de octubre del año pasado y el uso de bombas lacrimógenas caducadas.

En el uso progresivo de la fuerza no existen órdenes sino que la Ley lo dispone, enfatizó Carrillo, quien dijo que un policía formado y preparado sabe cuándo debe hacer uso gradual de la fuerza, cuando ve una eminente amenaza a su propio riesgo o de terceros.

Que ninguna persona puede ordenarle disparar a un policía, que está con el dedo en el gatillo, pues él debe asumir las consecuencias y responsabilidades, no es discrecional. Insistió que la ministra no dispuso el uso progresivo de la fuerza, y que este no es un tema de subordinación de la policía, sino de mirar el escenario en que se encuentra la policía frente una amenaza y tomar una decisión personal, inclusive.

El comandante en su exposición admitió que los elementos de la Policía Nacional usaron bombas lacrimógenas caducadas, pero aclaró que fue una necesidad por el desborde de la manifestación y que la orden vino del comando general.

Indicó que el uso de las bombas se dio con base en un informe técnico de septiembre de 2019, solicitado por la misma Policía y que sirvió para la toma de decisiones en el momento de criticidad.

Del informe destacó que el uso de gases lacrimógenos vencidos como medio disuasivo pierde progresivamente su efectividad y adicionalmente el cartucho podría presentar posibles fallas operativas de funcionamiento.

Frente a una pregunta de la asambleísta Mercedes Serrano (PSC), Carrillo afirmó que la ministra de Gobierno como ente rector debió dotar de municiones en buen estado para el ejercicio de sus competencias, aunque también dijo que todo pasa por la planificación operativa que hace la Policía Nacional.

¿La Policía se preguntó que si no tenía más elementos para enfrentar las manifestaciones está prohibido el uso de gases caducados? La respuesta de Carrillo fue no, pero que antes se solicitó del informe técnico para saber la composición del material para que estos no ocasionen daños.

Frente a la interrogante del asambleísta Bairon Valle (RC) sobre el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de la Policía a los centros de paz, el oficial afirmó que si se habla de la existencia de centros de paz, conforme lo dispone el derecho internacional humanitario, primero se tiene que asumir que se estaba viviendo un conflicto armado, y al asumirlo entonces podían ser declaradas así.

Que en el Ecuador no existe norma para que se declaren zonas de paz, las únicas son las establecidas y controladas por las organizaciones de las Naciones Unidas; sin embargo, ante los hechos se abrió un investigación de carácter penal y otra administrativa respecto a cuál de los funcionarios de la Policía actuó en ese cometido.

Carrillo afirmó que tras las investigaciones no encontraron que policías cercanos a ese sector hayan realizado ese ejercicio, peor en horas de la noche cuando había un repliegue a los centros de operaciones.

Recordó que en un estado de excepción no actuó solamente la Policía, sino también las Fuerzas Armadas

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