Posted on October 04, 2020, 8:11 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 mins

Ayer fue acusado de homicidio frustrado y quedó bajo arresto un policía chileno que el viernes arrojó a un manifestante desde un puente hacia el Río Mapocho de Santiago de Chile. La caída -desde más de siete metros de altura- dejó al joven de 16 años con heridas graves aunque sin de riesgo de muerte, pero provocó un fuerte remezón político a solo tres semanas del plebiscito constitucional convocado para hacer frente a la crisis social y política que estalló en octubre del año pasado.

El joven Anthony Araya era parte de una protesta de unas 300 personas que la tarde del viernes se reunió en la llamada «Plaza de la Dignidad», en pleno centro de la capital chilena, cuando un fuerte contingente de carabineros –la policía militarizada- arremetió contra los manifestantes y el policía Sebastián Zamora Soto de 22 años, en una maniobra que quedó grabada, empujó al joven por sobre la baranda del puente. Varios de los videos presentados este domingo ante los tribunales muestran además que la policía no prestó ningún tipo de auxilio al herido.

El hecho provocó la inmediata reacción de organismos de derechos humanos que solicitaron la renuncia del general director de la policía, Mario Rozas, mientras que la oposición al Gobierno de Sebastián Piñera anunció una acusación constitucional para destituir al ministro del Interior Víctor Pérez, quien asumió ese cargo hace solo tres meses. La crispación política se ha producido a solo tres semanas de la realización del plebiscito convocado para el próximo 25 de octubre, cuando casi quince millones de chilenos concurran a las urnas para decidir el fin o continuidad de la Constitución elaborada por la dictadura del general Augusto Pinochet, vigente desde inicios de la década de los 80.

La policía chilena ha sido reiteradamente cuestionada –incluso por organismos internacionales- por «masivas» violaciones a los derechos humanos ocurridas desde hace un año, cuando comenzó el estallido social. Según un informe de la Fiscalía Nacional presentado ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de septiembre, en Chile –que está bajo Estado de Excepción por la crisis social y luego por la pandemia viral-, se han registrado 8.575 víctimas de vulneraciones a manos de las fuerzas del orden, por las que han sido imputados 919 efectivos policiales, de los cuales 63 tienen medidas cautelares por 28 causas. La justicia, en tanto, investiga unas 30 muertes y 169 casos de abusos policiales que terminaron en traumas oculares, incluidas dos víctimas que quedaron totalmente ciegas por disparos de escopetas antidisturbios.

Leave a Reply

  • (not be published)