Son más de 500 millones de dólares en inversiones difíciles de recuperar y en los que ni los contratos ni los respaldos están claros por el momento.

La única certeza es que dinero y activos salieron del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que maneja los aportes de los policías y de su empleador, el Estado. Estos dineros financian sus pensiones y servicios médicos.

Lo que también se conoce es que esos dineros fueron invertidos en operaciones riesgosas, como quien maneja una chequera sin control, en un entramado en el que participaron fondos opacos en el exterior que poseían bonos soberanos, el Depósito Centralizado de Valores del Ecuador (Decevale, depositario, custodio y desmaterializador de los valores que circulan en Ecuador), Valpacífico, Citadel y otras casas de valores nacionales que participaron como agentes y mandatarios del Isspol.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, habla de estafa y ha pedido auditorías, el Instituto ha puesto denuncias ante la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías intervino al Decevale. Pero si todo fallara, el pago de las pensiones a los policías lo asumirá el Estado, es decir, todos los ecuatorianos.

Son varios tipos de inversiones realizadas por el Instituto en los últimos seis años que ahora lo tienen en jaque. Al menos tres de ellas involucran supuestas adquisiciones de bonos de deuda externa de Ecuador, que en realidad serían notas globales sobre fondos fuera del Ecuador. El Isspol estaba autorizado a comprar bonos de deuda ecuatoriana, pero no estas notas globales. Otras operaciones, por menor valor, son inversiones domésticas en fideicomisos, facturas, obligaciones, pagarés, entre otros.

Sobre estas notas globales ya se han vencido $213 millones de inversiones: $112 millones en el reporto y $101 millones de swap.

Las notas globales disfrazan un riesgo exacerbado porque no es lo mismo comprar bonos soberanos que representan deuda externa del Ecuador, que las notas globales. De acuerdo con Santiago Mosquera, director de USFQ Business School, lo que más llama la atención en el tema es la responsabilidad del Decevale, que fungió de custodio tanto de bonos externos como de notas globales, sin tener una cuenta de Depósito Centralizado en el Exterior, como el Euroclear.

El Isspol se valió de Citadel, casa de valores cuyo presidente es Xavier Neira Salazar, entre otros, para que intermediara con las empresas de afuera para realizar las operaciones. Esta Casa de Valores también ha sido intervenida por la Superintendencia de Compañías. Neira dijo sobre el tema, que Citadel ha actuado como “agente colocador de esta venta”, lo que fue oportunamente informado a la Superintendencia de Compañías.

La operación de mayor envergadura que realizó el Isspol fue de $327 millones, entre el Isspol y Ecuador High Yield Bond Found, una entidad que de acuerdo con el contrato existente actuaba junto con el Citibank Americas y Nats Cumco LLC, una empresa de Delaware (paraíso fiscal en EE. UU.).Mediante un acuerdo de swap, es decir de intercambio de activos financieros, el Instituto canjeó bonos de deuda interna custodiados en el Banco Central, a favor de la Ecuador High Yield Bond Found, a cambio de notas globales.

Para Mosquera, la posible razón del negocio sería que el Isspol trató de pasar la propiedad de los bonos internos, para evitar que Finanzas les presionara para continuar con la renovación de esas inversiones, pues el ministerio no podría pedirle renovar a un tercero. El Instituto se quedaba con el rendimiento de los bonos externos.

La actual administración del Isspol asegura que las cláusulas del contrato swap “inducen al error, haciendo suponer una legalidad respaldada por BCE, Euroclear y Bolsa de Valores”.

Lo que existió fue una venta de bonos internos de deuda del Isspol y compra de notas globales con un emisor que no está completamente identificado.
Sin embargo, en la tabla del contrato swap aparecen una serie de códigos que de acuerdo con Bloomberg corresponden a notas globales que tienen como agente Citibank. Supuestamente estas notas globales están en Decevale. La Superintendencia de Compañías lo intervino la semana pasada para analizar sus cuentas.

Mosquera explicó que un siguiente paso que ha dado el Ministerio de Gobierno es pedir que todos los papeles y notas que tiene el Isspol en Decevale pasen al Depósito Centralizado de Valores del Banco Central (DCV).

Según la ministra Romo, el ecuatoriano Jorge Oswaldo Chérrez Miño es quien aparece como representante de la panameña Ecuador High Yield Bond Funding Corporation.

La relación del Isspol con Chérrez había comenzado en el 2014, pero con otro tipo de operaciones, a través de IBCorp.

Estas operaciones llamadas de reporto consisten en que un inversionista (Isspol) compra bonos de deuda que tenía IBCorp, pero con un pacto de recompra del dueño original. La primera se hizo en octubre de 2014, en la que el Isspol invirtió $15 millones. Al año siguiente se volvió a invertir ese monto y otro dinero adicional hasta llegar a $73 millones entre mayo y diciembre. En 2016 se hizo la reinversión con un adicional hasta $81 millones. Y así hasta llegar a corte junio de 2020 con $216 millones. La última operación del 2020 fue en enero.

Muchas de estas operaciones se colocaron a más de 360 días, cuando lo usual en reportos es 180 o seis meses. De acuerdo con información de la Isspol, IBCorp acumula $205,3 millones, en tanto que Capital Ventura, $10,8 millones.

El 14 de agosto pasado, los responsables del área jurídica, financiera y de inversiones del Isspol explicaron al general Jorge Villarroel Merino, director general del Isspol, los riesgos en los que incurrieron las autoridades que estuvieron al frente de las operaciones. Es una larga lista de fallas en varios aspectos.

En primera instancia se compraron bonos 2024 y 2028 con calificación B, es decir, con grado especulativo, de alto riesgo. Esto significaba un riesgo por la volatilidad del precio. Estos bonos eran la garantía aceptada por Isspol por el dinero entregado. Pero no se blindó para que ese colateral pudiera ser compensado en caso de caída del precio. No existe evaluación sobre la capacidad financiera de la empresa que vendía los bonos para cumplir la recompra.

Tampoco se midió el riesgo de concentración, es decir, mucho dinero en manos de dos empresas relacionadas, ni tampoco la fuente de repago que cancelaría al Instituto por su inversión.

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